Las Iglesias Evangélicas rechazan la ley del aborto‏

Me mandan este correo y creo que es interesante, que se sepa, que no solo los católicos, estamos en contra de la nueva ley del aborto. Otras confesiones se unen a protestar por la barbaridad de la ley.

EN UNA DECLARACIÓN QUE HA SIDO REMITIDA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Las entidades evangélicas de España también manifiestan su rechazo a la reforma de la ley del aborto

Análisis Digital - 22/05/2009

Con relación a la prevista reforma de la actual ley del aborto, y a las recomendaciones realizadas por el Comité de Expertos que asesora al Gobierno, la Comisión Permanente de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, FEREDE, ha hecho pública una declaración que resume la posición mayoritaria de las Iglesias Evangélicas/Protestantes en España, y en la que se afirma que el aborto libre no es una solución al problema del aborto por ser éticamente inaceptable, porque no apunta a las causas sino a los efectos y porque será socialmente contraproducente.

Coincide esta declaración con la postura expresada por la iglesia Católica y ha sido enviada al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. En ella se rechaza que el aborto pueda ser considerado un derecho de la mujer, recuerda el mandato constitucional de defender la vida y alude expresamente la Declaración universal de Derechos Humanos en la que figura la defensa de la vida como un derecho fundamental.

La declaración, ampliamente argumentada, ofrece al Gobierno algunas propuestas, como el desarrollo de una política de prevención que garantice una educación sexual de calidad, que se vigile el trato que se da en los medios al sexo, que el Estado agilice los trámites para la adopción y que la maternidad no sea un hándicap económico o social para la mujer.

Dado su interés, recogemos a continuación la parte sustancial de esta declaración de las entidades religiosas evangélicas de España:

1) No es aceptable porque:

1. Es un atentado contra la vida humana, aunque sea en estado de formación, y, por lo tanto, constituye una clara violación de un derecho humano fundamental, de carácter universal, recogido en la Declaración de Derechos Humanos, como es el derecho a la vida.

2. El Estado tiene el mandato constitucional irrenunciable de defender la vida del no nacido (nasciturus), tal como lo indica expresamente la doctrina del Tribunal Constitucional recogida en su sentencia STC 53/1985 donde, entre otras consideraciones, declara que “el nasciturus está protegido por el Art. 15 de la Constitución Española aunque no sea titular de un derecho fundamental” – y, especifica: “Esta protección implica para el Estado con carácter general la obligación de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma". (FJ. 7)”

3. El aborto no puede ser considerado como un derecho subjetivo de la mujer, ni de la sociedad, ni del Estado. La mujer tiene derecho a decidir ser madre o no serlo. Esta decisión es personal, objetivamente digna y respetable. Pero este derecho a decidir sobre su maternidad debe entenderse como la libre decisión de evitar el embarazo (sea por medios naturales, o mediante el uso de métodos anticonceptivos), pero no como el derecho a interrumpir libremente el desarrollo de una vida humana.

4. La alternativa a la no criminalización de la mujer que aborta, no puede ser una renuncia a valores humanos fundamentales.

2) No atiende a las causas sino a los efectos:

1. El aumento de embarazos no deseados es fruto del déficit de un modelo educativo, social, político y económico.

2. Influyen la trivialización del sexo, que se hace a través de algunos medios de comunicación (publicidad, cine, música, TV), unida a una educación sexual confusa, incompleta y, en muchos casos ineficaz, o prácticamente inexistente. La información sobre el acceso y empleo de métodos anticonceptivos es necesaria y mejorable. Necesitamos, además, una educación sexual integral, que sea sensible y respetuosa de la conciencia individual de cada persona.

3. Se produce en el contexto del debilitamiento de la institución familiar y del sistema educativo como ámbitos fundamentales para la transmisión de valores básicos, como son: la responsabilidad, el compromiso, el esfuerzo, la paciencia, el respeto por la vida, etc.

3) Será socialmente contraproducente:

1. Porque la aceptación social del aborto libre nos hará descender más peldaños en un proceso de deshumanización que fomenta un concepto utilitarista de la vida humana en formación, a la que se le reconoce el derecho a su existencia, o no, en función de criterios de utilidad - o de carga - para la sociedad.

2. Porque en su intento de presentar el aborto libre de forma positiva, sus defensores ignoran las secuelas físicas y psicológicas que afectan a la mujer que aborta, exponiéndola indirectamente a una situación de desatención que afectará negativamente a la mujer.

3. Porque no es una medida de progreso, y la factura moral y social será muy alta a medio y a largo plazo. Sorprende que esta medida sea promovida desde sectores progresistas que condenan la pena de muerte y defienden la protección de la vida animal y vegetal, y el cuidado del ecosistema, valores que – dicho sea de paso - compartimos plenamente. No se entiende ese doble rasero en la defensa de la vida, que no muestra la misma sensibilidad y respeto por la vida humana en su estado de mayor vulnerabilidad e indefensión.

NUESTRAS PROPUESTAS

A tenor de todas estas consideraciones, proponemos:

1. Que no se siga adelante con la actual propuesta de ley del aborto.

2. Que el Gobierno centre sus esfuerzos en desarrollar políticas de prevención, garantizando una educación sexual de calidad, que ponga el acento en la transmisión de valores humanos que contribuyan a la formación de una juventud más informada, más madura y más responsable en el ámbito de su conducta sexual. La información sobre el acceso y empleo de métodos anticonceptivos -como ya lo mencionáramos en el punto 2.2- nos parece necesaria y mejorable.

3. Que del mismo modo que sucede con los contenidos violentos o discriminatorios, se vigile el trato que desde los medios (publicidad, cine, TV), se le da al sexo en los contenidos al alcance de menores que puedan contribuir a la desinformación o, incluso, a la promoción de conductas sexuales de riesgo e irresponsables.

4. Que no se reconozca jurídicamente el aborto como un derecho de la madre, ni se promueva su aceptación social.

5. Que el Estado mejore y agilice los trámites para la adopción, a fin de que éste sea un recurso viable al que se pueda acudir en caso de necesidad. Una alternativa que, por difícil que sea de asumir para una madre, siempre será más positiva, desde todo punto de vista, que la interrupción de una vida humana.

6. Que la maternidad no sea un hándicap económico o social para la mujer, sino una opción valorada y protegida. Que el Estado garantice la protección social de la mujer madre, desarrollando políticas de conciliación laboral eficaces, de mejora en la atención sanitaria, de ayudas económicas que no sean meramente simbólicas, etc. En definitiva, políticas de protección que eviten situaciones de desigualdad, no sólo con relación al hombre, sino también con relación a aquellas mujeres que renuncian voluntariamente a la maternidad.

Por esa razón, ante el debate suscitado por el proyecto de reforma de la Ley del Aborto que promueve el Gobierno, queremos dejar constancia de nuestra posición como cristianos evangélicos para que, junto con otras voces expresadas desde distintos sectores de la sociedad, sea escuchada y pueda contribuir de forma constructiva a la reflexión necesaria – obligada - que requiere el abordar este importante problema ético y social.

LA VIDA DEBE SER PROTEGIDA

Los cristianos evangélicos, que basamos nuestra fe religiosa en el texto bíblico, entendemos la protección de la vida y del planeta como un mandato de Dios para los seres humanos. Esto no significa, sin embargo, que la defensa de la vida y la protección del no nacido sean cuestiones de ‘fe religiosa’, sino – a nuestro modo de ver - de ‘derechos humanos universales’, que no pueden ser negados a ningún ser humano, ni siquiera en su fase más temprana de formación y desarrollo. Conciliar sus derechos, con los derechos de la madre, es el desafío ante el que nos encontramos como sociedad, en el fenómeno de los embarazos no deseados.

Creemos que la vida debe ser protegida, y en particular la vida humana. La vida humana debe ser protegida en todas sus etapas de formación y desarrollo y, muy especialmente, en sus etapas de mayor vulnerabilidad e indefensión.

También creemos que el Estado debe legislar para todos los ciudadanos y que, en el caso que nos ocupa, la madre tiene derechos que también deben ser protegidos, aunque no a expensas de los derechos de un tercero, como es el caso del no nacido.

Por eso – y por los motivos que hemos expuesto -, creemos que la reforma de la Ley del Aborto no es una solución al problema de los embarazos no deseados y que deben buscarse otras propuestas alternativas para abordar esta realidad social que, como a todos, nos preocupa.